Una historia de derechos vulnerados - Noticias

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(Tercerización, por Mario Alderete)

Reclamamos al gobierno que ejerza un mayor control sobre la aplicación de tal régimen de contratación”, indica el autor de esta columna quien además recalca que es preciso exigir el cumplimiento estricto de las normas en vigencia, liquidar las empresas ilegales y las seudocooperativas y terminar con el trabajo no registrado.

Dice el ministro Tomada: “La tercerización en sí no es una mala palabra. El mundo está organizado de esta manera. Lo que ocurre es que en el país tomamos muchas formas que en el mundo son comunes y enseguida lo transformamos en un sistema fraudulento: tiempo parcial, pasantías. Muchos empresarios se organizan de esta forma para bajar costos, reducir responsabilidades, eludir impuestos. Hay que ser más estrictos sobre las tercerizaciones” (Diario Página/12, 8/11/2010).


A nuestro juicio, tales conceptos son parte de una verdad. Lo que no se cuenta es que en virtud de las nefastas leyes y decretos que instalaron la flexibilización laboral, muchos derechos contemplados en la legislación que beneficiaban a los trabajadores fueron pisoteados y se introdujeron modalidades tales como la polifunción, la rotación, la tercerización, los contratos temporales por empresa y hasta individuales -que con razón fueron catalogados como “basura”- todo lo cual desembocó en una permanente búsqueda, por parte de los empresarios, de caminos que le permitieran defender su tasa de ganancia en base a la superexplotación de los trabajadores y la vulneración sistemática de los Convenios Colectivos de Trabajo.


La ley pergeñada durante Menem-Cavallo funcionó a pleno sirviendo al modelo conservador neoliberal y cumplió a rajatabla con las directivas emanadas del “Consenso de Washington”: destruyó los convenios por ramas al privilegiar aquellos que se firmaban por empresas, se perforaban los pisos básicos salariales acordados previamente y se desconocían las sucesivas escalas de sueldos. Todo ello impuesto a los trabajadores, los cuales estaban bajo la amenaza de la pérdida de trabajo debido al elevado índice de desocupación, circunstancia esta que actuaba como “disciplinadora social”.


Posteriormente, durante el gobierno de la Alianza presidido por De La Rúa y en virtud de la escandalosa compra de votos ocurrida en el Senado de la Nación cuando se debatía una ley laboral que en términos generales daba continuidad a la flexibilización y el subcontrato, se aprobó la famosa ley denominada “Banelco” como una forma figurada de explicar que el dinero que cobrarían los senadores sobornados para que aprobaran esa legislación, lo podrían hacer secretamente por medio de esa conocida red de banqueros automáticos.


Ironías y acusaciones al margen, lo concreto es que todas esas leyes fueron aprobadas y sancionadas por un Parlamento cuyas bancas estaban ocupadas por los representantes de los partidos que hoy forman parte del llamado Grupo A, aunque algunos de esos personajes en la actualidad hayan emigrado a otras organizaciones políticas trasvestidas con otros nombres o alianzas. Sin embargo, sin el más mínimo atisbo de autocrítica o remordimiento, hacen gárgaras con “el sufrimiento de los pobres trabajadores y jubilados”.


En tren de ser justo, debemos reconocer que en lo fundamental esas normativas han sido superadas, aunque también es verdad que -como dice el ministro- muchos empresarios se aprovechan de la “tercerización” habida cuenta de que ese sistema con algunas modificaciones, mantiene legalidad. Por lo tanto, afirma el doctor Tomada, se requiere ser “más estrictos”. En consecuencia, reclamamos al gobierno que ejerza un mayor control sobre la aplicación de tal régimen de contratación mientras seguimos avanzando hacia obtener la liquidación total de ese sistema o un perfeccionamiento de la legislación laboral con plena participación de los trabajadores.


La otra cuestión, vinculada estrechamente a la tolerancia dispensada por sucesivos gobiernos, es la práctica bastante generalizada de “tercerización” por parte de organizaciones que figuran como “cooperativas” o subsidiarias de la propia empresa principal que subcontrata o “empresas fantasmas” que ocultan la cara de los verdaderos dueños que muchas veces resultan ser “dirigentes sindicales” o “dirigentes sociales” o punteros políticos, etcétera.


El repudiado crimen del militante del PO, el compañero Mariano Ferreyra, puso al desnudo la connivencia entre la dirigencia de la Unión Ferroviaria, la “Cooperativa de Trabajo” proveedora de la mano de obra contratada -cuya sede está ubicada en el propio local de la UF- y la empresa Ugofe, que gestiona el ferrocarril Roca mediante un subsidio estatal que este año alcanzará la suma de mil millones de pesos y que también tiene responsabilidad en el hecho por haber tolerado el reclutamiento y el accionar asesino de la patota agresora.


Nos parece que el gobierno nacional y en particular el Ministerio de Trabajo no ejerció el debido poder de policía a los efectos de impedir esta práctica deleznable de tercerización que, con sobrada razón, los trabajadores rechazan. De allí que resulte una verdadera conquista el haber logrado el pase a planta permanente de todos los tercerizados así como la reincorporación de los que habían sido despedidos. Es por lo tanto aun más repudiable el asesinato de Mariano, ya que no hacía falta un militante popular muerto a fin de plasmar esa reivindicación.


En el mismo reportaje, el ministro dice que “no puede haber trabajadores que trabajan en el mismo ámbito que no estén regidos por el mismo convenio”. Compartimos desde luego ese concepto, no sólo porque es de estricta justicia sino porque así lo establecen las normas contempladas en el Decreto 1694/2006 sancionado durante el gobierno del doctor Kirchner. El problema reside en que los empresarios o seudocooperativistas no siempre cumplen con las reglamentaciones vigentes y allí se observa la desatención de este tema por parte de la autoridad de aplicación.


En efecto, el decreto obliga a las compañías de servicios eventuales a suministrar información bimestral sobre su actividad en la que debe constar, entre otros datos, la nómina completa de los trabajadores contratados, las empresas usuarias y si los trabajadores fueron incorporados por tiempo indeterminado. Los montos en concepto de sueldos no podrán ser inferiores a los que correspondan por la convención colectiva a la actividad o categoría del trabajador asignado o a los efectivamente abonados en la empresa usuaria. Además, los artículos. 11 y 12 del Decreto garantizan la registración del trabajador en la empresa y constituyen a ésta en agente de retención de las obligaciones de la seguridad social.


Sin dudas, hasta que no se logre la sanción de una legislación laboral que, estando a tono con las exigencias impuestas por el moderno desarrollo productivo, respete y amplíe los derechos adquiridos por los trabajadores e incorpore nuevas demandas por medio de la participación directa los mismos, es menester exigir el cumplimiento estricto de las normas en vigencia, liquidar las empresas ilegales y las seudocooperativas y terminar para siempre con el trabajo “en negro” o no registrado.

 

Publicada el 17/11/2010
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