Algunas consideraciones relativas a la le sobre riesgos del trabajo - Noticias

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(Por Mario Alderete)

Como ha declarado la Asociación de Abogados Laboralistas: “La Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) no admite parches, debe ser íntegramente reformulada, eliminando a los operadores que lucran con el sistema y haciéndolo girar sobre el único eje posible: lograr que la clase trabajadora deje de pagar ese ‘impuesto de sangre’ que le impone el ordenamiento social y económico en el que viven, que hace que cada quince segundos, mueran más de cuatro trabajadores en el mundo, por causa de siniestros laborales”.

Al presentar el Poder Ejecutivo su  proyecto,  lo definió como una “Ley corta” ya que versa particularmente sobre las indemnizaciones y fue  aplaudida de pie por empresarios y por algunos sindicalistas caracterizados como “oficialistas”. Parecería que aplaudían un objetivo que para nosotros, es cuestionable: bajar la cantidad de juicios y desligar de responsabilidad a la parte empresaria sobre las condiciones de seguridad. Ese  fue   el espíritu original del sistema de seguros que en plena era menemista se creó para eximir a los empresarios de su responsabilidad con la sola contratación de un seguro.
Haciendo un poco e historia recordemos que el sistema de ART nació  entre 1995 y 1996 con la complicidad de gran parte de la burocracia gremial, particularmente los llamados “gordos” y el beneplácito de los sectores empresarios. Casi un calco de lo ocurrido ahora.
En 1994, la CGT firmó con el gobierno de Carlos Menem y los empresarios, el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”, que le dio sustento  al proceso de flexibilidad laboral y de despojo a los trabajadores.
En ese sentido,  la posición de nuestra CTA  fue diferente, aunque hubiésemos preferido que su desacuerdo con la Ley fuera de mayor claridad y firmeza. Al respecto, su Secretario General dijo: “Creemos que ha sido una concesión al sector empresario y que tiene en este aspecto una actitud poco inteligente, porque no se trata de reducir el litigio, sino de reducir los accidentes y las enfermedades crónicas que tienen que ver con la actividad laboral. Para nosotros, una ley que realmente responda a los intereses de los trabajadores debe incorporar la prevención, la constitución de comisiones mixtas, los controles de la salud y fundamentalmente bajar la posibilidad del riesgo de vida
También, para justificar las reformas,  se han escuchado argumentos de que el actual  escenario  da lugar a que el trabajador cobre lo que paga la ART y después vaya  a la Justicia estimulando  la llamada “industria del juicio”. En ese sentido, me permito trascribir unas líneas de un trabajo presentado por nuestro compañero abogado laboralista Hugo Mir que dice: “también el gobierno incurre en una vieja consigna histórica de la derecha,  cual es la “industria del juicio”, colocando la consecuencia en la causa y culpando a los abogados laboralistas de la alta litigiosidad, cuando en realidad lo que es altísimo es la siniestralidad, ya que sólo el 8% de los siniestros ocurridos llegan a ser debatidos en juicio en sede laboral. Con esta estigmatización, se ataca la función del abogado laboralista y el rol de la Justicia, despreciando la función  que cumple el Derecho y especialmente, la función social, militante y comprometida del abogado que defiende y representa a los trabajadores explotados…” Por nuestra cuenta agregaríamos que parte de esos juicios fueron encarados con propósito de lucro por connotados “bufets” de abogados actuando en connivencia con distintos sectores de la burocracia sindical.
En resumen, la Ley de Riesgos del Trabajo debe estar orientada a la prevención de los accidentes, es decir,  los empresarios deben invertir para que los lugares de trabajo sean seguros. Sin embargo, la ley vigente y las reformas introducidas
pareciera que  están hechas  para evitarles responsabilidad a los mismos.  Ese fue el espíritu con que impulsaron  Menem y Cavallo la sanción de la ley 24.557, con la cual a través de las aseguradoras, las empresas  deslindaban su responsabilidad con la sola contratación de un seguro.
A su vez, la reforma aprobada ve en la vía judicial un afán de lucro del trabajador, en lugar de entender que esto es producto de la búsqueda de justicia. Por eso procura la eliminación de la doble vía mediante el solo ofrecimiento de la indemnización de la ART.
 A nuestro juicio, la forma de bajar la litigiosidad es aumentando las condiciones de seguridad, no quitándole la posibilidad a un trabajador de dirigirse a un tribunal que permite una evaluación más integral del caso .Se debe dar mayores atribuciones a los asalariados por medio de la constitución en las empresas de los Comités de Seguridad e Higiene.  Tal debe ser  el camino  y no quitarles  herramientas que deben servir para la  defensa de su salud.  Cualquier Ley de Riesgos de Trabajo debe poner el acento en la prevención primero y a renglón seguido, en la reparación integral del daño.
Pero la prueba más contundente de que esta  ley es un retroceso es que saca del fuero laboral la posibilidad del trabajador de considerar insuficiente la indemnización de la ART, llevándolo al fuero civil con todo el perjuicio, no solo de tiempo que ello significa, sino  que  extorsiona a la víctima, ya que por necesidad tenderá a aceptar lo que le ofrezca la ART, renunciando con ello  recurrir al reclamo judicial.
Se habló mucho de profundizar el proyecto, pero  para esto no habría  que sancionar una ley de este tipo que cuida los intereses de los empresarios. Al contrario, debería  afectar tales intereses acotando las elevadas tasas de ganancias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  Es verdad que  se avanzó en  materia de legislación laboral favorable a los asalariados, aunque falta mucho por hacer;  pero lo contradictorio y preocupante de este caso es que  se apunta en  contra de sus intereses.  Antes que sancionar esta Ley auspiciada por la UIA, habría que terminar con  las tercerizaciones,  el trabajo “en negro”, los contratos “basura”, etc. a fin de  evitar la precarización laboral que  continua como una herramienta de superexplotación establecida por la última dictadura cívico-militar y continuada por los sucesivos gobiernos posteriores.  Hace falta más  voluntad política para solucionar la problemática de la precarización y acabar con esta injusticia que agrava la vulnerabilidad  subsistente en  el mercado del trabajo.

Publicada el 30/10/2012
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